Para el CERMI, el TC no ha tenido en cuenta los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España. 

 

A juicio del CERMI, el Tribunal Constitucional no ha asumido el paradigma de la educación inclusiva, en toda su intensidad y alcance, que establece el tratado de derechos humanos de Naciones Unidas  en materia de discapacidad y por tanto no lo ha aplicado al caso, que merecía otra solución, cual era la de reconocer la libertad de los progenitores del alumno con discapacidad para elegir la modalidad de escolarización, sin que esta puede ser impuesta por la Administración educativa, como permite la legislación española.

 

El Tribunal, como otros muchos poderes públicos y operadores jurídicos, parecen desconocer en gran medida la Convención de la Discapacidad y deciden cuestiones como si esta no existiera o no comportara una interpretación radicalmente distinta de lo que era habitual hasta ahora, antes de la entrada en vigor, en el 2008, del texto internacional. En relación con el derecho a una educación inclusiva por parte del alumnado con discapacidad, la Convención es profundamente transformadora y obliga a alterar los modelos, criterios y normas de funcionamiento que venía aplicándose hasta el momento en España. 

 

Sin duda, este pronunciamiento del TC es una oportunidad perdida, que retrasará el proceso de adecuación del sistema educativo español a las exigencias de la Convención de la ONU, resintiendo los derechos de las personas con discapacidad.

 

El CERMI seguirá incidiendo y presionando políticamente ante el Legislador para que se modifique la legislación educativa vigente y se implante un auténtico modelo inclusivo, el único respetuoso con los derechos del alumnado con discapacidad.